Colombia está alerta tras denuncia de la Personería de San José de Guaviare, con el anuncio que en una zona de “tolerancia” en el municipio, niños y niñas indígenas de la población JIW y NUKAK son explotados sexualmente, desde hace tres años, por miembros del Ejército Nacional, quienes, aparentemente, podrían estar inscritos a la Brigada de Selva #22,  con operaciones en la zona. 

Según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por semana se reciben cuatro denuncias por casos de abusos sexuales de niñas en el municipio. A esta denuncia, se suma el alto porcentaje de  casos que no son denunciados, entre otras razones, porque la explotación sexual, es uno de los hechos con mayores cadenas de complicidad social e institucional, que además considera esta práctica de abuso como un sistema de trabajo con el cual las niñas y adolescentes pueden ayudar a la sostenibilidad económica de sus hogares. 

Recomendamos leer: https://www.elespectador.com/ambiente/explotacion-sexual-de-ninas-la-consecuencia-invisible-del-ecocidio-en-el-guaviare/ 

Recordamos, que en el departamento del Guaviare, las comunidades indígenas cada día se ven enfrentadas a la constante pérdida de territorio, debido al conflicto armado, lo que genera un desplazamiento de manera forzosa hacia diferentes municipios. Allí, mujeres, niñas y niños llegan sin los recursos mínimos para vivir en dignidad, factor que es aprovechado, en este caso, para realizar los abusos sexuales por parte de diferentes actores, entre ellos los militares.  

La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL, como organización feminista, pacifista y antimilitarista, rechazamos estos hechos, expresamos nuestra preocupación y recordamos que es inminente la transformación de las estructuras militaristas, las cuales han precarizado aún más las vidas y cuerpos de las niñas y  mujeres en todo el país. 

Estos hechos denunciados no son casos aislados, este tipo de abuso es estructural y sistemático; hombres con un poder evidentemente superior, ejercen violencias que afectan la vida y los cuerpos de las niñas y mujeres, las cuales son normalizadas por la sociedad en general. 

Según el presidente Gustavo Petro, hay 118 militares del Ejército Nacional investigados por estos delitos. Esperamos que estas acciones NO sean vistas como unas “malas conductas” llevadas a cabo por una pequeña parte de la fuerza pública, por el contrario esperamos que estas denuncias sean sancionadas, desde el análisis a una doctrina militar que moviliza las acciones de toda la fuerza pública a un ejercicio del abuso del poder y la perpetuación de una sociedad patriarcal y que además ejerce su poder desde el rol como funcionarios públicos.

Exigimos que el Gobierno Nacional proteja y garantice, de manera integral,  los derechos de niños, niñas y adolescentes. De igual forma, exigimos justicia, reparación y medidas de no repetición, así como la intervención inmediata por parte de todas las instituciones correspondientes, de manera tal, que desde ya se tomen las medidas necesarias para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectadas, así como generar un plan de prevención y acciones oportunas y preventivas. 

Los cuerpos de las mujeres, niñas y adolescentes no son mercancía, no se cambian, no se pactan, ¡SE RESPETAN!

 Retos y oportunidades de mujeres colombianas en la implementación del acuerdo de paz
Evento paralelo al Foro 66 de la ONG CSW

Estamos en el Sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que en este año considera como tema prioritario “El logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de las políticas y programas relativos al cambio climático, el medio ambiente y la reducción del riesgo de desastres”.

Con estás sesiones se pretende abrir el debate en torno a los logros en temas coyunturales que afectan, de manera directa e indirecta, el papel de la mujer en el mundo, así como los avances y las brechas en la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el principal documento de política mundial sobre igualdad de género.

En este marco, Limpal Colombia organiza un evento paralelo denominado “Retos y oportunidades de mujeres colombianas en la implementación del acuerdo de paz: una reflexión desde sus agendas feministas de paz, crisis climática y medio ambiente” que tiene como objetivo poner de relieve las apuestas que las mujeres vienen desarrollando y posicionando a nivel local y nacional como parte de sus ejercicios de incidencia, en relación con la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, una de las herramientas más potentes con las que cuenta actualmente el país.

Este será un espacio de diálogo e intercambio de reflexiones, propuestas y prácticas transformadoras desde un enfoque feminista e interseccional, que permitirá identificar los vínculos que existen entre las agendas de paz y agendas ecológicas de las mujeres, visibilizando y reconociendo su ejercicio de defensa de derechos, así como de promoción de modelos de desarrollo basados en el cuidado de la vida, el cuidado los cuerpos de las mujeres y de los territorios.

El conversatorio tendrá lugar este 15 de marzo de 2022 de manera virtual, a de 6:00 PM hora Colombia. Para vincularte y seguir la conversación completa te invitamos a conectarte vía zoom por medio de: https://us02web.zoom.us/j/81815257817

#MujeresQueIncidenEnLaPaz

La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL Colombia), y la veeduría “Mujeres Inspirando Mujeres”, junto con otras organizaciones acompañantes, activistas, movimientos de mujeres, la comunidad de la ciudad de Cartagena y María La Baja, lamentamos profundamente la muerte por feminicidio de la joven estudiante Yolimar Díaz Guerra, expresamos nuestra preocupación por este hecho de violencia ocurrido en el municipio de María La Baja, pues los feminicidios representan la forma más extrema de vulneración y discriminación de los derechos de las mujeres; delito reconocido y tipificado de manera específica en la legislación colombiana, a través de la Ley 1761 conocida también como "Rosa Elvira Cely" de 2015

Nos unimos al clamor y llamado de la comunidad de María La Baja, y de la familia de la víctima, en exigencia por el esclarecimiento, verdad, y celeridad del proceso de investigación sobre el caso y sus responsables, teniendo en cuenta que los feminicidios, y otras formas de violencia contra las mujeres: “constituyen una grave violación de sus derechos humanos, un atentado contra su dignidad e integridad, y una vulneración flagrante de su derecho a una vida libre de violencias, que limita la garantía del conjunto de sus derechos fundamentales” [1].

Es necesario resaltar que las violencias basadas en género afectan a miles de mujeres en Colombia, sin importar su edad, estrato socio-económico, nivel educativo, religión, orientación sexual, identidad de género, u oficio, y son ellas, quienes siguen enfrentando barreras para acceder a la justicia y lograr una respuesta efectiva que garantice sus derechos.

Se hace necesaria una intervención oportuna y eficaz por parte de las instituciones,  que garantice la protección de los derechos de las mujeres y la prevención de hechos violentos en su contra, además de dar respuesta frente a las condiciones y realidades que hoy enfrentan las mujeres por razones de género.

El caso de Yolimar no es un caso aislado, en las ciudades y en los municipios se evidencia un fenómeno de violencia de tipo estructural y sistemático, y se ha vuelto frecuente que los cuerpos de las mujeres y niñas negras atraviesen múltiples formas de violencias, perpetuadas, normalizadas y sin respuesta alguna por parte de las autoridades competentes. Por lo tanto, exigimos respuestas y acciones claras, oportunas y preventivas de las instituciones encargadas de la seguridad y protección de las mujeres y niñas en el departamento.

Hacemos un llamado enfático a las autoridades departamentales y nacionales para que se realice la investigación pertinente, de igual forma, llamamos a las demás organizaciones de mujeres y de derechos humanos presentes en el departamento de Bolívar para crear un pacto conjunto que comprometa a las instituciones nacionales y departamentales, con el fin de erradicar cualquier forma de violencia contra las niñas, mujeres jóvenes y adultas.

Nos negamos a que la normalidad de nuestros días sean desapariciones y feminicidios en incremento. Nos sumamos a construir acciones efectivas para combatir este flagelo y garantizar una vida digna para todas. 

Limpal Colombia
María La Baja - Bolívar,
30 de Mayo de 2022

[1] ONU MUJERES COLOMBIA. (Viernes 4 de diciembre de 2015). “Comunicado conjunto ONU Derechos Humanos y ONU Mujeres sobre casos de feminicidio en Bogotá. https://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/12/comunicado-feminicidio.

Exigimos verdad y justicia

La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL Colombia, junto con otras organizaciones acompañantes, activistas, movimientos de mujeres y la comunidad de la ciudad de Cartagena seguimos exigiendo verdad, esclarecimiento y celeridad en el proceso de investigación sobre el caso de Alexandrith Sarmiento Arroyo de 16 años de edad, quien fue desaparecida desde el pasado viernes 19 de marzo de 2021 del corregimiento de Punta Canoa, ubicado en la zona norte de la ciudad de Cartagena, Bolívar.

Luego de doce (12) meses de búsqueda incesante por parte de sus familiares y amistades, las autoridades siguen sin dar respuesta sobre el avance del proceso. Sobre esto, es muy poco lo que se sabe: Alexandrith fue desaparecida luego de que saliera de su casa rumbo a Punta Canoa, acompañada de un tío político que le enseñaría a manejar moto.

Dentro del proceso de investigación, el 16 de junio Wainer Ayola Torres, tío de la menor, fue capturado en Bayunca como principal sospechoso del presunto delito de desaparición forzada; el 02 de julio fue dejado en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, el 18 de septiembre el juez Quinto Penal del Circuito de Cartagena revocó la decisión y ordenó su captura.

El caso de Alexandrith no es un caso aislado. En la ciudad se ha vuelto frecuente y común que los cuerpos de las mujeres y niñas negras atraviesen múltiples formas de violencias, perpetuadas y normalizadas y sin respuesta alguna por parte de las autoridades competentes. Por lo tanto, exigimos respuestas y acciones claras, oportunas y preventivas de las instituciones encargadas de la seguridad y protección de las niñas en Cartagena.

Hacemos un llamado enfático a las autoridades departamentales y nacionales para que se realice la investigación pertinente, instamos a la ciudadanía crear una red de apoyo para sumarse a la búsqueda y demandamos el cumplimiento del decreto reglamentario 929 de 2007 para que se articulen las entidades alrededor de este propósito.

Hacemos un llamamos a las demás organizaciones de mujeres y de derechos humanos presentes en Bolívar para impulsar y exigir a las instituciones nacionales y departamentales la respuesta integral y comprometida para la erradicación de todas las formas de violencia contra las niñas, jóvenes y adultas. Nos negamos a que la normalidad de nuestros días sean desapariciones y feminicidios en incremento. Nos sumamos a construir acciones efectivas para combatir este flagelo y garantizar una vida digna para todas.

¡NI UNA MÁS, NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS!

Si usted ha visto a Alexandrith Sarmiento Arroyo o conoce su paradero se puede comunicar a los números
3157280899 y 3023886617, así como a la Fiscalía línea 122.

Seguimos en espera del regreso de Alexandrith Sarmiento Arroyo sana y salva a su casa.

08 de marzo de 2022
Limpal, Bogotá D.C., Colombia

El pasado 13 de mayo se conoció que Colombia, a través de Alejandro Ordóñez, embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), se unió al “Consenso de Ginebra”, un documento en el que se declara la defensa de “la salud integral de la mujer, el fortalecimiento de la familia y la soberanía de los países para legislar sobre el aborto”. Este Consenso, ha sido adherido por 36 países que se oponen al aborto y refuerzan la idea de no responsabilidad de los Estados de financiarlos o facilitarlos.

La viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, María Carmelina Londoño, en el marco de la conmemoración del día internacional de las familias, anunció  ante el Consejo Permanente de la OEA que“... Colombia se suma al Consenso de Ginebra como un símbolo más de su profundo compromiso con las familias, para no dejar a nadie atrás”.

Desde la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL Colombia, rechazamos este anuncio,  que fomentan la estigmatización y la desinformación sobre el derecho al aborto y la autonomía de los cuerpos de las mujeres. En Colombia, según decisión de la Corte Constitucional, las mujeres y personas gestantes pueden acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo - IVE sin ninguna restricción hasta la semana 24 de gestación, y en adelante si se presenta alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico.
2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.
3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Si bien, esta adhesión de Colombia no tiene efectos jurídicos, ni modifica la decisión que tomó la Corte Constitucional, sí tiene un peso político importante. Estos discursos “Provida” que ubican la protección en la familia tradicional, refuerzan imaginarios colectivos, los cuales muchas veces, impiden que una mujer acceda de manera libre y voluntaria a una IVE si así lo desea y/o lo necesita.

Reiteramos que los obstáculos , la estigmatización y las restricciones sociales y culturales no evitan los abortos ni la muerte de mujeres en condiciones insalubres por estas prácticas en condiciones indignas, por el contrario aumentan el riesgo, especialmente para las mujeres en mayores desigualdades. 

Los derechos de las mujeres no son cuestionables, ni debatibles. Aquí estamos las mujeres y seguiremos en la exigencia por el reconocimiento y garantía integral  de nuestros derechos humanos.

Limpal Colombia
Bogotá D.C., 16 de mayo de 2022

  La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. – Limpal Colombia conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Después de más de 100 años las condiciones laborales, si bien han tenido un cambio en la búsqueda de la justica laboral gracias a la lucha incansable de las mujeres que nos antecedieron, aún no se garantizan, de manera plena, los derechos que como cuiudadanas demandamos. Solo en Colombia, según el último boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (octubre-diciembre 2021), la tasa de desempleo en hombres, a nivel nacional, es del 8,4 % y de las mujeres es del 15,1%. Ello equivale a que haya una brecha de género del 6,7 %.

Para situarnos, y de manera rápida hacer un contexto en algunas ciudades del país, encontramos que en Villavicencio la brecha de desempleo entre hombres y mujeres es del 4,6 % , lo que quiere decir que la tasa de desempleo de mujeres es del 17,3 %. Por su parte, en la ciudad de Cartagena la brecha de desempleo entre hombres y mujeres es del 5,4 %, lo que quiere decir que la tasa de desempleo de mujeres es del 12,4 %. Finalmente, en la ciudad de Bogotá la tasa de desempleo de las mujeres es del 12 % y la de hombres es del 10,7 %, esto significa que la brecha de género es del 1,3 % (Datos del DANE, 2021). 

A esta situación, se suma la precarización del trabajo del cuidado que, además de invisibilizar el trabajo de las mujeres, ha resultado en la explotación laboral de mujeres de todos los ciclos vitales, ocasionando, en la mayoría de los casos, la triple carga laboral que incluye sin reconocimiento, el trabajo del cuidado, que sostiene la reproducción de la vida y es vital para la economía de los países.

Estas realidades, además de duplicarnos la jornada laboral, nos ha privado del goce efectivo de nuestros derechos; a) no tenemos el mismo derecho a ocupar el espacio público, b) nuestros círculos de apoyo, recreación y formación individual y colectiva se ven reducidos, d) nuestra participación política se ve relegada a los temas en donde el cuidado es el eje (nuestra participación se da de una manera pasiva y no como tomadoras de decisiones) y e) la violencia dentro de los hogares se materializa producto de la dependencia económica y las relaciones inequitativas del poder.

Como feministas, pacifistas y antimilitaristas, reivindicamos este #8M Día Internacional de la Mujer Trabajadora y recordamos el papel de las mujeres como sujetas políticas y trabajadoras, fundamentales parael engranaje económico del país.

Exigimos una conciliación familiar de reparto de las tareas domésticas en el entorno familiar y la eliminación de las brechas salariales con base en el sexo, en donde como consecuencia del tiempo dedicado al trabajo reproductivo por parte de las mujeres, contamos con menos tiempo para la vida laboral. Las mujeres no existimos para parir, y quienes decidimos, de manera libre y autónoma hacerlo, nos resistimos a ser sometidas a tratos inequitativos e injustos que nos llevan a decidir entre ejercer nuestra maternidad o seguir vinculadas a nuestra vida laboral.

Finalmente, recordamos que dentro de nuestro ejercicio pleno como ciudadanas se encuentra nuestro derecho constitucional a la movilización y la protesta social pacífica, por lo que instamos a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, que hoy 8 de marzo de 2022, se nos garantice de manera plena y acorde a los protocolos, nacionales e internacionales, nuestro derecho, a exigir en las calles, garantías laborales para todas las mujeres del país.

Las mujeres trabajadoras avanzamos por la paz desde nuestro papel de lideresas, defensoras de derechos humanos y cuidadoras de la vida , reivindicamos nuestro derecho al trabajo en condiciones de dignidad.

8 de marzo de 2022
Limpal, Bogotá D.C., Colombia

Desde la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL, organización feminista, pacifista y antimilitarista, les invitamos al Simposio “Confrontando Masculinidades Militarizadas” que se llevará a cabo, en alianza con la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia – ACOOC y la Universidad Central. 

En este Simposio, de la mano de personas y organizaciones a nivel nacional e internacional, con amplia experiencia en trabajo por la equidad de género, antimilitarismo, construcción de masculinidades y prevención de violencias de género, reflexionaremos en torno a la urgencia de confrontar y construir salidas innovadoras ante la sistemática incursión de los sistemas de opresión, patriarcales y militaristas en la construcción de las vidas, subjetividades y cotidianidades.

Se contará con la asistencia de representantes de semilleros universitarios, organizaciones, redes y plataformas feministas, artistas, antimilitaristas, medios alternativos, académicas y académicos, y personas interesadas en conocer y difundir herramientas pensadas para desmilitarizar las masculinidades y contribuir a la construcción de paz desde una perspectiva feminista.

La jornada estará dividida en dos momentos, en donde se involucrarán las reflexiones teóricas, académicas y experimentales con la práctica. Así, en la mañana tendremos una serie de conversatorios con invitados internacionales y panelistas nacionales que buscarán conversar en torno a las experiencias interseccionales en el trabajo en masculinidades no hegemónicas, el vínculo entre las armas y las violencias de género, y el trabajo feminista de confrontar la guerra. Además, presentaremos nuestra más reciente investigación “Confrontando Masculinidades Militarizadas” de Limpal Colombia, WILPF y MenEngage. 

El segundo momento de la jornada será un circuito de iniciativas en el cual semilleros, grupos, plataformas y organizaciones expondrán su trabajo bajo tres ejes temáticos: masculinidades no hegemónicas, antimilitarismo y feministas confrontando la guerra. En este espacio, se conocerá a fondo algunos procesos barriales, comunitarios y nacionales que se posicionan en favor de la paz y en la crítica a los sistemas bélicos y armamentistas.

Si no te inscribiste para acompañarnos de manera presencial, podrás seguir nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/LimpalColombia 

Conoce aquí la agenda completa del evento

Durante las protestas sociales realizadas en el marco del paro nacional del presente año -especialmente en el enfrentamiento ocurrido entre población civil e indígenas del CRIC en la ciudad de Cali-, se pudo evidenciar que muchos ciudadanos poseen armas de fuego, armas traumáticas o de fogueo, siendo estas últimas empleadas no sólo contra la Fuerza Pública, sino contra otros ciudadanos y ciudadanas que ejercían su derecho a la protesta. De allí la necesidad de regular y llevar registro sobre las personas que poseen un arma traumática, entendidas como armas que disparan proyectiles de goma y otros compuestos.

Al respecto, durante el Primer Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia en Montería, se anunció por parte del Ministerio de Defensa el Decreto sobre el control y regulación de las armas de letalidad reducida o traumáticas en Colombia. Al adoptar un procedimiento especial que otorgue un salvoconducto en casos excepcionales para el porte de este tipo de armas será posible llevar un registro de su comercialización y uso. Sin embargo, este seguimiento se plantea como un escenario futuro que busca, según el ministro de Defensa Diego Molano, “salvaguardar la integridad de la Fuerza Pública”.

Regularizar el porte de armas de letalidad reducida no significa, per se, una disminución en la criminalidad, pues las armas usadas por los criminales son, claramente, obtenidas de manera ilegal y es muy poco probable que quienes las portan se acojan al período de transición para entregarlas o registrarlas ante el Departamento de Control del Comercio de Armas.

Por ello, desde ya es posible prever que el Decreto será muy poco efectivo en temas de control de armas empeladas para la comisión de delitos, pues la disminución del uso y porte de armas, en estos casos, enfrenta una disposición normativa insuficiente. Entonces, para cumplir ese objetivo será necesaria la creación e implementación de políticas públicas que atiendan las causas específicas del incremento de la criminalidad después de la pandemia.

En miras a cumplir con el propósito del Decreto, se debería establecer un control y rastreo de las armas que ya están en circulación, así como un mecanismo que incentive a las personas a entregarlas o registrarlas. Además, será importante realizar un seguimiento de los lugares que comercializan armas traumáticas, con el fin de que implementen un registro de venta que permita hacer el rastreo correspondiente. Asimismo, es preciso el seguimiento riguroso de las peligrosas modificaciones de las armas traumáticas que son comunes en Colombia, en tanto que estas permiten que los proyectiles lanzados sean más mortales que las que se supone que deberían usarse.

Cabe resaltar que, cuando la población civil contempla el porte de armas como una opción válida es porque ha perdido la confianza en la institucionalidad y en la Fuerza Pública, por lo que será necesario, de manera paralela, reformar este cuerpo armado al tiempo que los y las ciudadanas no sientan la necesidad de armarse ante un cuerpo policiaco que no cumple con su cometido constitucional.

Desde Limpal Colombia, como una organización feminista, pacifista y antimilitarista rechazamos este crimen de odio. Las niñas y mujeres no podemos seguir siendo víctimas de la violencia machista. ¡Exigimos que el Estado adopte medidas urgentes de protección!

Yolima Peréz, integrante de la Red departamental de Veedurías de Mujeres por una vida libre de violencia y de la organización Chocolate entre Amigas, fue asesinada por su pareja William Mora Quiroga el pasado 17 de abril en horas de la noche. Hasta el momento, el paradero del victimario es incierto.

Según la organización no gubernamental Observatorio Feminicidios Colombia, durante 2021 se conocieron 17 feminicidios en el departamento del Meta. Eso lo ubica en la posición número 10 de los departamentos con más casos. Con  relación al delito de tentativa de feminicidio, el Meta aparece en primer lugar con 37 casos. Por su parte, en el 2020 hubo 1.456 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, un aumento significativo frente a los 1.166 de 2019, según la Secretaría de la Mujer del departamento.

Desde Limpal Colombia, exigimos a la institucionalidad responsable de cumplir la obligación internacional del Estado Colombiano frente a la garantía del derecho a la vida:

1. Que este delito sea reconocido como un FEMINICIDIO, crimen de odio que devela la misoginia y la violencia machista.
2. Celeridad, transparencia y debida diligencia en los procesos administrativos y judiciales. La inoperancia por parte del Estado es un problema estructural que pone en riesgo a niñas y mujeres en todo el país.
3. Exigimos a todos los entes de control, un seguimiento especial y diferenciado en los casos de violencias contra las mujeres y feminicidios, que permita advertir y corregir, de manera oportuna, las posibles irregularidades dentro de los procesos adelantados.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que actúen con celeridad frente a este caso, y para que activen las medidas de prevención y protección necesarias para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Yolima Pérez era una mujer comprometida con la paz y la reconciliación. Nuestro homenaje será seguir su legado, su apuesta por la resolución de conflictos lejos de la vía armada y violenta. Por ella y por todas las víctimas de feminicidio en Colombia, una vez más gritamos ¡Vivas nos queremos! 

Acompáñanos encendiendo una vela en su nombre pero también exigiendo justicia con el numeral #NoMásFeminicidios.

 #TriunfamosPorqueNoCallamos

Tras 21 años de ocurridos los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de la periodista Jineth Bedoya, quien sufrió actos de tortura y violencia sexual luego de ser secuestrada en la entrada de la cárcel La Modelo el 25 de mayo de 2000.  La Corte también declaró la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de debida diligencia en las investigaciones realizadas sobre los hechos y el carácter discriminatorio en razón de género de tales investigaciones.

El tribunal reconoció que para la época se vivía un contexto de violencia y, especialmente, de violencia sexual, en contra de las mujeres periodistas en el país. Afirmó también que la violencia sexual contra las mujeres era una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el marco del conflicto armado colombiano, y que ha sido empleada como un arma de guerra.

La Corte ordenó diferentes medidas de reparación entre las que se encuentra la continuación de las investigaciones necesarias para determinar, juzgar -y si hay lugar- sancionar a la totalidad de los responsables de los actos de amenazas y violencia en contra de Jineth. Así mismo, ordenó garantizar la difusión del programa de trans-media “No es hora de callar”, que se transmitirá por el sistema de medios públicos y crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo de investigación. Por último, la Corte IDH solicitó crear un fondo con destino a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas de protección en favor de las mujeres periodistas y para pagar la condena en pecuniaria por concepto de rehabilitación y daños materiales e inmateriales.

Esta sentencia permite avanzar en el reconocimiento de la violencia sexual como estrategia y arma de guerra en el marco del conflicto armado colombiano, que deja efectos diferenciados sobre las mujeres y las niñas, quienes son las principales víctimas de estos actos delictivos. Además, reafirma las obligaciones estatales en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres exigiéndole al Estado a actuar con la debida diligencia para el acceso de las mujeres al sistema de administración de justicia y para la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de este tipo de delitos. A través de este pronunciamiento, la Corte IDH reafirma el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a la vez que respalda la libertad de prensa y promueve acciones en favor de la memoria y la reparación de las víctimas.

Desde Limpal Colombia celebramos la decisión de la Corte y exigimos al gobierno nacional que cumpla con lo ordenado oportunamente, de manera que reconozca su responsabilidad y promueva la reparación de las víctimas. También, hacemos un llamado al Estado colombiano para que promueva y fortalezca acciones preventivas que eviten la repetición de actos similares de violencia en contra de mujeres periodistas y de otras mujeres que, en el marco del conflicto armado, se ven expuestas a riesgos diferenciados, entre los que se encuentra la violencia sexual.

19 de octubre de 2021
Limpal, Bogotá D.C., Colombia