Hacemos parte de:

Cumbre Nacional de Mujeres y Paz:

Alianza de 8 organizaciones, redes y plataformas de mujeres, donde participan más de 1500 organizaciones de mujeres mixtas, étnicas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles y juveniles de todo el país, que además de llevar sus propios procesos regionales y locales, decidieron unirse en torno a 4 fines:

1. Constituirse en colectivo social con poder político para actuar y decidir en a lconstrucción de la paz con justicia social.
2. Ser pactantes en todos los procesos de paz que se lleven a cabo en el país entre el gobierno nacional y grupos alzados en armas.
3. Incidir en la mesa de conversaciones de fin del conflicto.
4. Incidir en los mecanismos de participación que se deriven de lo pactado entre las partes, así como en la refrendación, verificación e implementación del Acuerdo final, teniendo en cuenta lo incluido en él, relacionado con los derechos de las mujeres desde sus diversas identidades.

Coalición 1325
En Colombia, desde el 2011, diferentes organizaciones decidieron unirse para hacer incidencia y buscar la implementación de la Resolución 1325. Algunas de las acciones de la Coalición son:

• Seguimiento a la implementación de la R1325 por parte del estado.
• Elaboración y publicación del Informe Anual de Monitoreo de la R1325.
• Incidencia ante entidades estatales para la elaboración de un Plan Nacional de Acción en la R1325.
• Formación a mujeres lideresas u funcionarios del Estado en la R1325 y resoluciones conexas.

Colectivo de Pensamiento y Acción "Mujeres, Paz y Seguridad"

El Colectivo MPS es una iniciativa de diálogo y reconciliación entre mujeres provenientes de distintos ámbitos sociales, económicos y políticos, entre ellas activistas de derechos humanos, académicas, excombatientes, miembros del sector seguridad, mujeres indígenas y afrodescendientes, periodistas y mujeres dedicadas a los negocios. Todas las mujeres que hacen parte del colectivo comparten el compromiso por un futuro mejor para Colombia basado en la paz y la seguridad humana. El pensamiento de las mujeres que hacen parte del colectivo MPS está plasmado en el Pacto Ético por la Paz que señala paso paso cómo la sociedad civil puede transformar la violencia desde la cotidianidad.

A nivel local, nos articulamos con el movimiento de mujeres y de víctimas.

A nivel internacional, hacemos parte de WILPF y tenemos estatus consultivo ante la ONU: ECOSOC, UNCTAD, y UNESCO, así como relaciones especiales con la FAO, la OIT y UNICEF. Además, participamos en las sesiones del Comité para la Eliminacion de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad surgió a partir de la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000. Esta Resolución hace un llamado explícito a los estados miembros de las Naciones Unidas para que garanticen y respeten los derechos de las mujeres y las niñas en contextos de conflicto armado y promuevan su participación en instancias de decisión antes, durante y después de los conflictos. A partir de la expedición de la 1325 han aparecido otras resoluciones como la 1829, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 y 2242 que profundizan y dan contenido a esta Agenda.

La Resolución 1325 y conexas son un marco de referencia internacional para el trabajo de consecución y mantenimiento de la paz y la seguridad en Colombia. En nuestro trabajo en territorio, usamos la Resolución tanto para la prevención de la violencia, con talleres relacionados con la resolución de conflictos, como para la reconstrucción del tejido social y los procesos de reconciliación, con procesos de memoria y sanación, especialmente con mujeres víctimas del conflicto armado. Además, hacemos incidencia nacional e internacional para el establecimiento de un Plan Nacional de Acción de la Resolución en Colombia con el fin de que esta se traduzca en acciones concretas que generen cambios.

Defendemos, como dice la Agenda, que las mujeres no solo fuimos víctimas del conflicto armado, sino que somos agentes claves para la construcción de paz y la seguridad por lo que fomentamos la participación de las mujeres en espacios de decisión para que sean reconocidas como sujetas activas e indispensables en el proceso de posconflicto que atraviesa Colombia. Por último, investigamos sobre el papel de las mujeres en la implementación de la Resolución 1325 en Colombia (link a pág 5 ) y hacemos parte de la plataforma Coalición 1325, una unión de organizaciones de mujeres a nivel nacional y regional que realizan monitoreo a los avances de la implementación de dicha Resolución en el país.

Algunos de nuestros postulados sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad son:

• Es urgente que Colombia establezca un Plan de Acción para la Resolución 1325 que reconozca el papel de las mujeres en la construcción de paz.
• Defendemos un nuevo paradigma de seguridad para y con las mujeres desde un enfoque humano que no se limita a lo armado, sino que busca el respeto y garantía de todos los derechos.

En Limpal abogamos por el reconocimiento, la defensa y la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como el camino para lograr la paz. Esta apuesta la llevamos a cabo desde un enfoque feminista e interseccional, que reconoce las diversidades en términos de clase, etnia y género que tienen las mujeres y las especificidades de la defensa de sus derechos en Colombia.

Aquí algunas de nuestras razones:

Según la encuesta WIN-Mujer (2017), solo el 20% de las colombianas piensan que en Colombia sus derechos son respetados.

Aunque el país cuenta con un marco legal sólido para la garantía de los derechos de mujeres y niñas, en la práctica hay muchas barreras en temas como la participación política, el campo laboral y de cuidado y el derecho a una vida libre de violencias dentro y fuera del conflicto armado.

En la nueva etapa de posconflicto que vive Colombia, las agresiones contra lideresas sociales han aumentado. 155 de ellas fueron asesinadas durante 2018, y 583 fueron amenazadas para evitar que sigan ejerciendo su labor de defensa de los derechos humanos.

Nuestro trabajo defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas parte de la idea de que su garantía plena y efectiva depende de un cambio social. En este sentido, acompañamos a las mujeres de los territorios en su proceso de reconocimiento como sujetas de derecho, a partir de talleres de formación y apoyo psicosocial y legal, para que posteriormente lleven a cabo procesos de incidencia para mejorar su calidad de vida. 

Además, investigamos las distintas manifestaciones de las violaciones de derechos que sufren las mujeres y las niñas y divulgamos contenidos pedagógicos y comunicativos que buscan sensibilizar a la opinión pública frente a este tema. A nivel internacional, en colaboración con nuestras hermanas de WILPF, alzamos la voz sobre la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia.

Algunos de nuestros postulados son:

Las violaciones de derechos humanos de las mujeres y las niñas en Colombia son recurrente e inaceptables. El gobierno colombiano y sus instituciones debe comprometerse con la garantía de sus derechos y atacar las barreras que existen para acceder a medidas de protección, atención y acceso a la justicia.

Es urgente un plan de acción por parte del gobierno nacional que frene definitivamente los asesinatos y agresiones de lideresas y líderes sociales, así como de todas las personas en proceso de reincorporación. Su voz es la voz de la defensa de los derechos humanos en los territorios de Colombia.

Para la garantía efectiva de los derechos humanos de las mujeres, es importante que todo el sistema de Naciones Unidas continúe haciendo presencia en los territorios que es lo que sostiene y ayuda a consolidar la paz.

El desarme universal ha sido uno de los objetivos de WILPF Internacional desde su fundación en 1915, pero, ¿por qué nos importa tanto el desarme?

Vivimos en un mundo donde hay 15.000 armas nucleares en manos de nueve países que podrían ser detonadas en cualquier momento dejando más muertes que las bombas atómicas.

El gasto militar en el mundo asciende a los 17 trillones de dólares cada año. Para hacerse una idea, en 2015 el gasto militar en Estados Unidos correspondió al 54% de sus gastos discrecionales, mientras que la educación recibió solo el 7% de ese presupuesto. 

La violencia armada mata anualmente 535.000 personas cada año en el mundo, es como si toda la población de una ciudad como Tucson, Arizona desapareciera por completo todos los años.

En Colombia, la situación no es muy diferente:

Colombia es el país que más invirtió en gasto militar en el 2017 en Suramérica según el SIPRI (Fuente: Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo).

Desde el año 2018, Colombia es “socio global” de la OTAN, la alianza militar más grande del mundo, lo que se traduce en cooperación militar y apoyo en asuntos relacionados con la seguridad electrónica, marítima, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Según Medicina Legal (2017), el 53% de los asesinatos de mujeres en Colombia se cometen con armas de fuego.

Frente a esa situación, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal Colombia) lucha por el desarme entendido no solo como la entrega de armas por parte de un grupo armado, sino como un cambio de paradigma de las armas como herramientas para resolver los conflictos. Insistimos en la importancia de que el Estado colombiano ejerza un control estricto sobre las armas legales e ilegales que circulan por el país y reduzca el gasto militar teniendo en cuenta el proceso de posconflicto que atraviesa. Además, creemos en la necesidad de analizar el impacto diferencial que tienen las armas sobre las mujeres.

En cuanto a este último punto, en el año 2017 lanzamos la campaña “Mujeres por el desarme: más vida, menos armas” cuyo objetivo es poner en la opinión pública y en la agenda política de Colombia la importancia del control sobre las armas pequeñas y ligeras para la prevención de la violencia armada contra las mujeres. Por medio de una investigación que lleva el mismo nombre (link a investigación “Mujeres por el desarme” de la pág 5 ), denunciamos cómo la proliferación de este tipo de armas exacerba la violencia contra las mujeres y aumenta el grado de letalidad de esta, además de las otras violencias que las armas posibilitan como la violencia psicológica, sexual, la trata de personas, entre otras.

Algunos de nuestros postulados sobre el desarme son:

Es indispensable fomentar una conciencia crítica antimilitarista en Colombia.
El gasto en armas va en contravía con el proceso de posconflicto que atraviesa Colombia.
Instamos al Estado colombiano a que ratifique el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) para evitar la entrada de armas a Colombia usadas para violaciones de derechos humanos.
Es fundamental cambiar el paradigma de seguridad de las armas y la militarización a una seguridad para y con las mujeres, con un enfoque humano y basado en la cotidianidad y diversidad de las personas.
El monopolio de las armas debe estar en manos del Estado para que no se perpetúe la violencia.

Limpal a nivel internacional nació como un movimiento feminista en defensa de la paz y sus esfuerzos siguen encaminados a construir paz con y para las mujeres en más de 43 países del mundo. En Colombia, las mujeres construimos paz durante los más de 60 años de conflicto armado que vivió el país, le apostamos a la salida negociada materializada en el Acuerdo Final de Paz y seguimos trabajando para que se reconozca el poder de las mujeres para construir paz.

Aquí algunas de las razones por las que creemos que es necesario luchar por una paz feminista:

Según datos del PNUD, una sociedad con desigualdad económica, marginalización, exclusión y discriminación es una sociedad donde la violencia y los conflictos armados tienen mayor posibilidad de ocurrir. La persistencia del sistema patriarcal y militar, por lo tanto, es una amenaza fuerte contra la estabilidad de la paz. (Informe “World Development Report – 2011”)

Investigaciones recientes han demostrado que cuando los procesos de paz son inclusivos y cuentan con la participación plena de las mujeres tienen más posibilidades de éxito y de durabilidad. (Informe “Procesos de paz con perspectiva de género. Inclusividad y participación” – 2016)

El proceso de paz en Colombia ha sido reconocido internacionalmente como un ejemplo por la incorporación de la perspectiva de género. Esto es una ventana de oportunidad para exigir la participación de las mujeres en el proceso de post-conflicto del país.

Nuestro trabajo en construcción de paz se da desde la incidencia y la formación. En la incidencia hacemos seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz y a la incorporación efectiva de las medidas de perspectiva de género contenidas en el mismo, principalmente desde la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz (link a plataformas de incidencia). En cuanto a la formación, llevamos a cabo procesos con mujeres en los territorios como la Escuela Feminista para la Construcción de Paz que busca afianzar conocimientos teóricos y legales sobre los feminismos y la construcción de paz para que sean las mismas mujeres lideresas las que hagan el proceso de incidencia local y territorial.

Algunos de nuestros postulados frente a la construcción de paz son:

La paz depende del mejoramiento de la situación y calidad de vida de las mujeres.

La participación de las mujeres en los procesos de paz es un compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y democrática.

Es fundamental que las mujeres sean escuchadas, reconocidas e incluidas en todas las instancias de implementación del Acuerdo Final de Paz, así como en el proceso de posconflicto que vive Colombia.